Por un lado, las organizaciones representativas de las comunidades mapuches (principalmente de la Araucanía y el Biobío) reclaman por una serie de reivindicaciones étnicas. Sus demandas giran alrededor de tres ejes: la autonomía jurisdiccional (derecho propio),3 la recuperación de tierras ancestrales, beneficios económicos y el reconocimiento de la identidad cultural. Si bien la mayoría de estas organizaciones pretenden autonomía y derechos como parte de Chile, una minoría reclama la total independencia del estado mapuche.
Por otra parte, los detractores del movimiento mapuche recalcan que son demandas etnocéntricas, realizadas con medidas de hecho.4 Que incluyen tomas por la fuerza de predios reivindicados, formalmente ilegales, puesto que sus reclamos no están fundamentados en derechos personales sino en derechos comunales. Las tomas conllevan la intimidación a propietarios y personal de tales predios, preferentemente, con ataques incendiarios y armados.5
La "cuestión mapuche" ha generado debate y sus críticos sostienen no sólo la ilegitimidad jurídica de sus pretensiones sino que además señalan que la "identidad mapuche" usada por las organizaciones activistas carece de validez cultural significativa en el mundo contemporáneo -en base al común denominador mapuche moderno- y que más bien se trataría de una etiqueta instrumental para alcanzar objetivos políticos por parte de tales organizaciones.6 Por otra parte las comunidades y organizaciones mapuches acusan al estado de manipular la ley antiterrorista para reprimir y desarticular las demandas mapuches, realizando juicios fraudulentos contra los llamados presos políticos mapuches, de hacer un uso desmedido de la fuerza por parte de carabineros, así como también pasar por alto la ley de desarrollo indígena. Lo que ha sido apoyado por organizaciones internacionales de derechos humanos.
Bandera mapuche adoptada en 1991; principal símbolo del movimiento autonomista mapuche, en Chile (principalmente) y Argentina.
Bandera del pueblo mapuche-tehuelche adoptada en 1991; símbolo de su reivindicación en algunas zonas mapuches argentinas.Historia
Consejo de Todas las Tierras
A principios de la década de 1990, el Consejo de Todas las Tierras, organización mapuche fundada en 1990, llevó a cabo varias tomas simbólicas de tierras ancestrales mapuches en manos de privados. La respuesta del gobierno de Patricio Aylwin, elegido después del Régimen militar, fue la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado, que terminó con 141 mapuches condenados y con sus derechos políticos suspendidos.Represa Ralco
En 1993 se aprobó la Ley de Desarrollo Indígena 19.253. La nueva situación consagrada por esta ley, y que operaba con la cooperación de los principales referentes mapuches hasta 1997, sufrió una crisis, cuando la empresa ENDESA España comenzó la construcción de una segunda central hidroeléctrica en la zona del Alto Bío Bío (con el nombre de Ralco). Algunos de los mapuche-pehuenche que habitaban la zona se negaron a abandonar sus tierras, amparados en la nueva llación que exigía la autorización de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) para poder permutar tierras indígenas. Ante la negativa de este organismo gubernamental a aprobar dicha permuta, por ser atentatoria contra los derechos de los pehuenches, el Presidente Eduardo Frei destituyó al director de la CONADI y a la autoridad ambiental que también se oponía el megaproyecto. De esta manera, se inundaron miles de hectáreas de tierras y sitios sagrados para el pueblo mapuche-pehuenche de una manera totalmente autoritaria.Explotación de plantaciones forestales
En la misma época, comenzaba la explotación de las plantaciones forestales sembradas a mediados del régimen militar, en predios que habían sido otorgados a las comunidades mapuches durante el gobierno de Salvador Allende, pero que posteriormente pasaron a manos de sectores económicos. Los intereses de las empresas madereras que explotan plantaciones forestales en territorio mapuche; el temor de los agricultores que explotan predios considerados como usurpados por las comunidades mapuche y el aumento de la violencia hacia fines de los años 1990 en la zona, motivaron al Senado a expresar en un informe su preocupación por la grave amenaza a la seguridad jurídica en la zona del conflicto (S 680-12).7 Sin embargo, este informe ha sido cuestionado, ya que contiene declaraciones de más de 15 agricultores afectados y sólo de un representante mapuche, y porque no profundiza en las causas del conflicto.Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco - Malleco
Durante el gobierno de Ricardo Lagos, la respuesta estatal al conflicto mapuche asumió dos caminos básicos:Por un lado, a través de la represión policial de las acciones de los activistas mapuches, cuya cima ocurrió en 2002. Durante una ocupación ilegal de tierras en el fundo Santa Alicia, en la comuna de Ercilla, provincia de Malleco, el joven comunero Alex Lemun Saavedra fue muerto por los Carabineros de Chile, quienes usaron escopetas antimotines, cargadas con balines de plomo.
Por otro lado, debido a los reiterados ataques a fundos de propiedad privada, mediante una operación de inteligencia llamada "Operación Paciencia", dirigida desde la Sub Secretaría del Interior, presidida por Jorge Correa Sutil. Se sindicó y persiguió a la Coordinadora Arauco-Malleco como a una organización de carácter terrorista. Sus dirigentes fueron encarcelados y procesados en juicios que fueron cuestionados, como el llamado "Caso Loncos". En esto, los Lonkos: Pascual Pichun y Aniceto Norin fueron condenados a 5 años y 1 día de prisión, por "amenaza de incendio terrorista" y el "Caso Puluco-Pidenco", donde cuatro comuneros fueron penados a 10 años y un día de prisión por "incendio terrorista".
Estos juicios han sido denunciados por la Organización de Naciones Unidas, a través de su Relator Especial para Pueblos Indígenas, Rodolfo Stavenhagen, y por organizaciones como Amnistía Internacional, que los acusan como juicios que presentan una legalidad cuestionable. Los hechos fueron denunciados a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por infracción al debido proceso, entre otras razones, principio consagrado en las normas internacionales vigentes. La CIDH decretó la admisibilidad de la denuncia.8
Huelga de Hambre de comuneros Mapuches
Las huelgas comenzaron el 12 de julio del año 2010, con un grupo de comuneros mapuches que se encontraban en prisión preventiva, algunos por más de un año y medio, todos acusados de infringir la legislación antiterrorista.10 En un comienzo los huelguistas sumaban 23 personas, aunque con el paso de los días llegaron a ser 34.11 Tras 82 días, 23 comuneros mapuches de Concepción, Lebu y Temuco llegaron a acuerdo con el Gobierno y finalizaron la huelga de hambre, según lo comunicó el arzobispo de Concepción, monseñor Ricardo Ezzati, la noche del 1 de octubre de 2010.12 10 de los 11 huelguistas de Angol decidieron continuar la huelga. El 8 de octubre la mayoría de ellos decide terminar la huelga, tras llegar a un nuevo acuerdo con el gobierno.13 Finalmente, el 12 de octubre de 2010 el menor de edad Luis Marileo, quien era el último mapuche en la huelga, depone la medida de presión.
El 15 de marzo de 2011 Héctor Llaitul, José Huenuche, Ramón Llanquileo y Jonathan Huillical retomaron la huelga de hambre.14 Los cuatro suman condenas de 85 años de presidio, en parte por crímenes por los que fueron absueltos por la Justicia militar chilena.9 El 9 de julio de 2011 depusieron la huelga, tras 87 días sin ingerir alimentos.15
En febrero de 2011 el Tribunal Oral de Cañete absolvió a los 17 presos mapuches acusados de cargos de Incendios Terroristas y Asociación Ilícita, por los cuales la fiscalía se valió en su acusación de testigos sin rostro. Sin embargo, 4 de ellos fueron encontrados culpables de Robo con Intimidación, Atentando a la Autoridad y Homicidio Frustrado, por el ataque al fiscal Mario Elgueta ocurrido en octubre del 2008.16
Las condenas fueron decididas en marzo de 2011, y llegaron a 25 años de presidio para Héctor Llaitul (15 años por el ataque al fiscal Elgueta, y 10 años por robo con intimidación contra el agricultor José Santos Jorquera), mientas que Ramón Llanquileo, José Huenuche y Jonathan Huillical fueron condenados a 20 años de presidio cada uno (10 años por el ataque al fiscal y 10 años por robo con intimidación).17
En el proceso paralelo llevado por la Justicia Militar por el ataque al fiscal Elgueta, los acusados Llantiul, Llanquileo, Huenuche y Huillical fueron absueltos de los cargos, sentencia que fue ratificada por la Corte de Apelaciones de Concepción en mayo de 2011.9
Criminalización del movimiento social mapuche
Reacción de organizaciones por derechos humanos
Por su parte, en marzo de 2007, el Comité de Derechos Humanos, órgano encargado de la supervigilancia del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, en sus observaciones al informe de Chile, también denunció las prácticas criminalizadoras contra el movimiento social mapuche.En este sentido, instó al Estado chileno a modificar la Ley N° 18.314 (conocida como ley antiterrorista). Además, en relación a los artículos 1 y 27 del Pacto, el Comité lamentó la información de que las "tierras antiguas" continúan en peligro debido a la expansión forestal y megaproyectos de infraestructura y energía, expresando que el Estado chileno debía realizar todos los esfuerzos posibles para que sus negociaciones con las comunidades indígenas lleven efectivamente a encontrar una solución que respete los derechos sobre las tierras de estas comunidades de conformidad con los artículos 1, párrafo 2, y 27 del Pacto, debiendo agilizar los trámites con el fin de que queden reconocidas tales tierras ancestrales, debidamente demarcadas.
También exhortó al Estado chileno a efectuar consultas con las comunidades indígenas antes de conceder licencias para la explotación económica de las tierras objeto de controversia y garantizar que en ningún caso la explotación de que se trate atente contra los derechos reconocidos en el Pacto. En 2004, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ya había formulado observaciones en el mismo sentido.
Reclamo del derecho de autodeterminación
Varias organizaciones mapuche están reclamando el reconocimiento del derecho de autodeterminación que les corresponde en su calidad de pueblos, según reconoce la Carta de Naciones Unidas.21 Con la adopción de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de septiembre de 2007, la comunidad internacional ha reconocido expresamente el carácter de pueblos de los indígenas, como ya lo afirmara el Relator Especial de Naciones Unidas Miguel Alfonso Martínez, quien en su estudio encargado por la ONU, sostuvo que “no he podido hallar argumento jurídico suficiente para que pueda defenderse la idea de que los indígenas han perdido su personalidad indígena internacional como naciones/pueblos”.Si bien la amplitud de la autonomía y beneficios reclamados varían entre los distintos sectores mapuche, muchas de las organizaciones mapuches que la reclaman, la relacionan y la piden de la misma forma que la autonomía obtenida por el pueblo inuit en Groenlandia, desde la década de 1990; o como los beneficios obtenidos por los indígenas de Bolivia a partir de la más reciente elección de un presidente aymara en ese país (Evo Morales). Además, organizaciones mapuches como Wallmapuwen han entablado vínculos con el Bloque Nacionalista Gallego (BNG) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), proponiendo replicar el sistema de comunidades autónomas en Chile, así como el reconocimiento de los pueblos indígenas en la constitución (caso similar al del reconocimiento de las administraciones y lenguas regionales en España).
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